Unidades de la Dijin provenientes desde Bogotá capturaron este martes a dos jueces y un Fiscal que fueron denunciados por la familia Acosta Bendek dentro del proceso que se adelanta por el caso de la Universidad Metropolitana.

Se trata de Rafael Uribe Henriquez, Juez 13 Penal Municipal de Barranquilla con funciones de garantías, cuya captura se produjo en la ciudad de Santa Marta; Alberto Oyaga Machado, Juez Primero Penal Municipal de Barranquilla con funciones de control de garantías y el Fiscal 56 de la Unidad de Patrimonio Económico, Gustavo Orozco Pertúz.

Los tres fueron denunciados por los Acosta Bendek por la presunta comisión de un conjunto de delitos, entre ellos prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y abuso de autoridad.

En su momento, los denunciantes cuestionaron al Juez Alberto Oyaga Machado por imponerles una medida de aseguramiento sin tener en cuenta que otro Fiscal diferente a Orozco Pertuz había retirado la solicitud de la misma por considerar que no era procedente, especialmente porque las actas de la Fundación Acosta Bendek que aparentemente eran el argumento del proceso, sí eran reales.

Luego, Orozco Pertúz se apartó de la decisión del Fiscal y sin tener competencia para ello continuó en el procedimiento, lo cual también fue denunciado por los Acosta Bendek.

Tras la decisión, los denunciantes recurrieron a la figura del habeas corpus y un Juez se los concedió, dictándoles la libertad y argumentando que no se les podía imponer dicha medida.

El Fiscal Gustavo Orozco Pertúz también fue cuestionado por los Acosta Bendek en ese momento porque a pesar de haber sido apartado del proceso y sin tener competencia radicó una resolución de acusación contra ellos, sin tener competencia, luego de lo cual procedió a retirarla.

Al Juez Rafael Uribe Henríquez también le cuestionaron sus reiteradas decisiones pese a que los distintos fallos en torno al proceso concluían en la no tipicidad de delitos por parte de los Acosta Bendek.

En esencia, con las denuncias interpuestas, los Acosta Bendek aseguraron en su momento que la seguida de fallos y actuaciones judiciales por parte de los dos jueces y el Fiscal, estaban encaminados a favorecer los intereses de la familia Jaller, la otra parte en este litigio.

Es de anotar que el despacho del Juez Rafael Uribe Henríquez fue allanado en mayo del año pasado también por personal de la Dijín y un año antes había sido capturado dentro de la investigación contra un grupo de funcionarios judiciales por la presunta manipulación de audiencias para favorecer la puesta en libertad de determinadas personas.